El siguiente artículo forma parte de la serie de publicaciones sobre Perspectivas GovTech, escritas por los fellows del programa GovTech LATAM. Las opiniones y puntos de vista expresados en este contenido corresponden únicamente al autor y no representan necesariamente la posición del IE PublicTech Lab ni de BID Lab. El propósito de estas publicaciones es fomentar el debate y la reflexión en torno al ecosistema GovTech en América Latina. Cualquier error u omisión es responsabilidad exclusiva del autor.
Autora: Rebeca Spuch - Abogada
Recientemente, Brasil experimentó un gran cambio de paradigma en el ámbito de las compras públicas, lo que resultó en la creación de importantes instrumentos jurídicos esenciales para viabilizar un verdadero sistema de compras de soluciones innovadoras y pilotos GovTech. Esto se debe a que, hasta 2021, la principal ley que trataba de licitaciones y contratos públicos era la Ley nº 8.666/93, que seguía una lógica burocrática y formalista, incompatible con la dinámica y el espacio para la experimentación necesarios en cualquier ecosistema de innovación.
Solo con la Ley nº 13.243/16, que modificó la Ley nº 10.973/04, conocida como la “Ley de Innovación”, fue que Brasil pasó a contar con una modalidad de compra pública específicamente orientada a la innovación: la encarga tecnológica. Además, la Ley nº 13.243/16 dio especial énfasis a la utilización del poder de compra del Estado como instrumento de fomento a la innovación. Sin embargo, la encarga tecnológica se utilizó poco y no fue suficiente para superar la lógica burocrática y formalista de las compras públicas tradicionales.
En 2021, finalmente se promulgaron tres leyes que están facilitando el desarrollo del ecosistema GovTech en Brasil: (i) la Ley nº 14.129/21, la 'Ley de Gobierno Digital'; (ii) la Ley nº 14.133/2021, la 'Nueva Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos'; y (iii) la Ley Complementaria nº 182/21, el 'Marco Legal de las Startups y del Emprendimiento Innovador'.
La Ley de Gobierno Digital establece principios, normas e instrumentos para aumentar la eficiencia de la administración pública, especialmente a través de la desburocratización, la innovación, la transformación digital y la participación ciudadana. Además, prevé la creación de laboratorios de innovación por entidades públicas para el desarrollo y la experimentación de conceptos, herramientas y métodos innovadores para la gestión pública, la prestación de servicios públicos, el tratamiento de datos producidos por el poder público y la participación ciudadana en el control de la administración pública.
La Nueva Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos buscó hacer el proceso de contratación más dinámico, además de establecer el incentivo a la innovación como uno de los objetivos de las licitaciones. Entre las innovaciones introducidas por la ley, se puede mencionar la creación de una modalidad de licitación, el diálogo competitivo, para la contratación de obras, servicios y compras en los que la Administración Pública realiza diálogos con los licitantes con el fin de desarrollar una o más alternativas capaces de satisfacer sus necesidades, y que puede ser utilizada cuando el objeto de la contratación implique innovación tecnológica. También se encuentra el Procedimiento de Manifestación de Interés, mediante el cual la Administración Pública puede solicitar al sector privado la propuesta y realización de estudios, investigaciones, levantamientos y proyectos de soluciones innovadoras que contribuyan con cuestiones de relevancia pública, pudiendo dicho procedimiento ser restringido a la participación de startups.
Por fin, el Marco Legal de las Startups y del Emprendimiento Innovador también creó una modalidad de licitación específica para la contratación de soluciones innovadoras por parte del Estado, para la selección de personas físicas o jurídicas para celebrar un Contrato Público para Solución Innovadora (CPSI), que permite la prueba de soluciones innovadoras, desarrolladas o por desarrollar, con o sin riesgo tecnológico.
El impacto de estos instrumentos en el ecosistema GovTech ya es visible, como lo demuestra el Mapa GovTech 2024[1], elaborado por BrazilLab en colaboración con Oracle, que identificó 338 iniciativas de innovación pública existentes o desarrolladas en los últimos 4 años en Brasil, incluyendo programas de innovación abierta, sandboxes regulatorios, parques tecnológicos, hubs, laboratorios de innovación, entre otros, y 475 startups y pymes con perfil GovTech en el país[2]. Es decir, a pesar de tratarse de instrumentos recientes, ya es posible observar un considerable crecimiento y maduración del ecosistema GovTech en Brasil en los últimos años.
Un caso emblemático en este escenario es la reciente licitación para la celebración de un CPSI, realizada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)[3], para la contratación de una persona física o jurídica para la prestación de servicios de desarrollo y calificación tecnológica orientados a demostrar la aplicación de una solución innovadora en la resolución del desafío público de fiscalización periódica, oportuna y a gran escala de obras de pavimentación y asfaltado urbano o en caminos vecinales que conectan áreas urbanas cercanas. La realización de una contratación de esta naturaleza por una entidad tan relevante como el TCU es de extrema importancia, ya que los criterios y procedimientos adoptados en esta licitación podrían servir como referencia para futuros concursos.
Cabe destacar, sin embargo, que, a pesar de los diversos avances observados, aún hay desafíos que superar. Naturalmente, tratándose de instrumentos relativamente nuevos, será necesario, al final de las primeras contrataciones, que las entidades contratantes y entidades como los tribunales de cuentas, que en Brasil han realizado auditorías operativas para evaluar la efectividad de las políticas públicas, evalúen sus reales impactos en la gestión pública, así como identificar posibles errores y fallos, para que sirvan de aprendizaje para futuras contrataciones. Además, aún es necesario capacitar a los servidores públicos, así como a las propias empresas, para manejar estas nuevas formas de contratación y sus complejidades.
Referencias
[1] Disponible en: https://brazillab.org.br/mapa-govtech#
[2] En este estudio, se consideraron como perfil GovTech las empresas que: (i) adoptan el modelo de negocio B2G de forma prioritaria o secundaria; (ii) han implementado o probado soluciones con el Poder Público, incluso a través de colaboración, en los últimos 4 años; y (iii) tienen interés en colaborar con el Poder Público, manifestado a través de la participación en programas de aceleración del segmento GovTech o de innovación en el Poder Público.
[3] Disponible em: https://portal.tcu.gov.br/licitacoes-e-contratos-do-tcu/cpsi/
